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Señaló que uno de los puntos más delicados es la eliminación de las transmisiones de derechos, mecanismo que permitía a los usuarios transferir parte de su volumen de agua a nuevos proyectos
Fátima Arton / El Sol de Irapuato
Aunque la nueva Ley de Aguas Nacionales plantea avances en la organización de concesiones y el aprovechamiento de volúmenes subutilizados, también ha generado preocupación entre especialistas del sector hídrico por su tendencia a centralizar el control del recurso en la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
El director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), Roberto Castañeda Tejeda, consideró que la propuesta contenía elementos positivos, pero también advertía riesgos importantes que podrían frenar el desarrollo industrial, agrícola y urbano del país.
“Le veo algunas cosas positivas, como el tema de ordenar las concesiones y aprovechar volúmenes subutilizados, pero también hay riesgos. Uno de ellos es la propuesta de eliminar las transmisiones de derechos”, explicó.
Roberto Castañeda detalló que las transmisiones de derechos permiten que un usuario pueda transferir parte o la totalidad de su volumen de agua a otro, práctica común en el crecimiento de nuevas industrias o desarrollos.
“Con la modificación, las transmisiones desaparecerían y los volúmenes no utilizados pasarían directamente a Conagua, que sería la encargada de redistribuirlos. Eso podría derivar en un acaparamiento del recurso y dependeríamos totalmente de sus criterios de asignación”, advirtió.
Señaló que esta medida podría entorpecer la llegada de nuevas inversiones y proyectos productivos, al volver más lento el acceso al agua.
“Imagínate una industria, un agricultor o un desarrollador inmobiliario que necesita volumen. Si no existe un proceso ágil para obtenerlo, se va a atorar el desarrollo económico”, comentó.
Agregó que la ley también afectaría estructuras con larga trayectoria, como los distritos de riego y los consejos de cuenca, al retirarles facultades de decisión que antes garantizaban una gestión más ciudadana.
“El país tiene 86 distritos de riego que administran más de siete millones de hectáreas. Es una estructura muy fuerte, creada en los años cincuenta, y en 1992 se les transmitió la responsabilidad a los usuarios. Ahora la ley vuelve a quitarles esa certeza jurídica”, expresó.
Asimismo criticó que los consejos de cuenca, creados precisamente para ciudadanizar las decisiones sobre el manejo del agua, serían debilitados al concentrarse nuevamente el poder en la Federación.
“Esta ley está regresando el poder a la Federación. Centralizar no es la manera más adecuada. Sí hay abusos que deben corregirse, pero no creo que la solución sea concentrar el control en una sola autoridad”, afirmó.
Roberto Castañeda Tejeda resaltó que, de no establecerse reglas claras y mecanismos eficientes de distribución, la nueva ley podría generar incertidumbre jurídica y detener el crecimiento económico de los sectores productivos.
“El riesgo más grande es la centralización. Si no se cuidan los criterios de reparto, se podría paralizar la economía”, concluyó.
Campesinos temen quedar en segundo plano
Cabe recordar que campesinos del estado de Guanajuato también se pronunciaron en contra de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, al considerar que los cambios podrían marginarlos y someter el uso del agua a autorizaciones menos flexibles, lo que afectaría directamente la actividad agrícola.
El Movimiento Agrícola Campesino emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por el impacto que las reformas tendrían en la producción nacional. Señalaron que, aunque el objetivo de la iniciativa era promover un uso ordenado y controlado del recurso hídrico, las nuevas disposiciones podrían limitar los volúmenes disponibles y debilitar la autonomía histórica de los distritos, módulos y usuarios.
Advirtieron que la prioridad de uso pasaría al consumo doméstico y personal, relegando al sector agrícola a un segundo plano, lo que afectaría la base de la economía rural. Además, alertaron sobre el riesgo de corrupción y burocracia, al concentrarse la toma de decisiones en manos de una sola autoridad.
Finalmente, destacaron que la reforma, lejos de fortalecer la gestión sustentable del agua, podría poner en riesgo la soberanía alimentaria del país, al limitar la capacidad de los productores para garantizar el abasto suficiente y seguro de alimentos.
